Ecologistas en Acción
Martes, 14 de noviembre de 2017 | Leída 15 veces

Ecologistas en Acción critica que la Generalitat no contemple el impuesto a la incineración y vertido de residuos en los presupuestos para 2018

Los ecologistas critican que el proyecto de Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2018 no contemple el prometido impuesto a la incineración y al vertido de los residuos.
La modificación de la Ley 10/2000 de residuos, incluida en ese proyecto, autoriza que el material bioestabilizado obtenido a partir de residuos domésticos mezclados se pueda utilizar como enmienda agrícola, un uso no permitido por el Real Decreto 506/2013, que regula el uso de fertilizantes, que solo contempla la utilización del verdadero compost obtenido a partir de materia orgánica recogida de forma selectiva.

 

Promesa incumplida. Los responsables de la Conselleria de Medio Ambiente habían afirmado repetidamente que se iba a implantar una tasa sobre el vertido y la incineración de los residuos, que formaba parte de su hoja de ruta. El País Valenciano generó en 2016 un poco más de 2 millones de toneladas de residuos domésticos y asimilables (2.054.000 toneladas) y envió a vertedero casi el 60% (1.187.000 t). La Comisión Europea ha conminado repetidamente al Reino de España y a los Estados miembros de la Unión Europea a implantar tasas de vertido e incineración para favorecer los tratamientos que están en los lugares altos de la jerarquía de los residuos (reutilización y reciclaje) y penalizar fiscalmente los situados en la parte baja (incineración y vertido). Tan solo dos Comunidades Autónomas tienen implantadas tasas de este tipo.

 

Los responsables de residuos de la Conselleria de Medio Ambiente han afirmado en diversos foros que se implantaría un tasa en la Comunitat Valenciana, que penalizaría esas opciones de tratamiento de los residuos que tienen un perfil ambiental más negativo. Sin embargo la presentación en Les Corts Valencianes el pasado 6 de noviembre de 2017 del Proyecto de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2018 ha sido una oportunidad perdida para cumplir con ese compromiso, pues no se propone su implantación para 2018.

 

Además en ese Proyecto de Ley nos encontramos con una modificación de la Ley 10/2000 de Residuos que autoriza la utilización del material bioestabilizado, obtenido en las plantas de tratamiento de residuos a partir de residuos domésticos mezclados, como enmienda orgánica en la agricultura. En 2016 se produjeron 260.000 toneladas de material bioestabilizado en las 13 plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB) de la Comunitat Valenciana, cuyo destino final no puede ser otro que el vertedero o la restauración hidrológico-forestal, pero nunca su utilización como abono en agricultura.

 

Esa utilización no está permitida por la normativa estatal, como el Real Decreto 506/2013 que regula el uso de los fertilizantes y que solo contempla el uso de la enmienda orgánica obtenida a partir del compostaje de la fracción orgánica de los residuos recogidos selectivamente y nunca a partir de residuos mezclados. Nos encontraríamos delante de una propuesta que entra en contradicción con una normativa estatal, y que solo obedece a los interesos de los gestores de esas plantas TMB, que podrían valorizar unos residuos que ahora mismo no tienen salida comercial. Ese material bioestabilizado tiene en su composición una gran cantidad de impropios (plásticos, vidrio, etc) que perjudicarían los suelos agrícolas que lo utilizaran.

 

De aprobarse finalmente esa modificación legislativa supondría favorecer la actual situación irregular, con una recogida mayoritaria de los residuos mezclados en el contenedor gris y no favorecería la incipiente tendencia de implantación de sistemas de recogida selectiva de la fracción orgánica en muchos municipios, que son obligatorios en los Planes Zonales desde 2006-2007.

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