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el7set
Martes, 19 de diciembre de 2017
Pleno extraordinario

La oposición en Orpesa critica el pago de dos facturas con reparos de legalidad por el alquiler de sanitarios portátiles

El alcalde explica que la adjudicación no se pudo realizar al no cumplir las dos empresas que optaban con la entrega de documentación requerida, por lo que se decidió que siguiera prestando servicio la actual concesionaria

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El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha aprobado, con los votos de PP y Si Se Puede Oropesa, en el pleno extraordinario celebrado este martes el reconocimiento extrajudicial de dos facturas por importe total de 125.000 euros, por concepto del pago de alquiler de los sanitarios químicos portátiles que se instalan en el municipio en zonas como las playas o en eventos deportivos y festejos. Compromís y PSOE han votado en contra, mientras que Ciudadanos se ha abstenido.

 

La oposición ha criticado el pago de estas facturas por contar con dos reparos de legalidad por parte de Intervención Municipal, al considerar que no existía partida presupuestaria consignada y que, pese a que se trata de pagos a diferentes empresas, se pueden considerar como fraccionamiento de un contrato. La solución a la actual situación, según el equipo de gobierno, pasa por la convocatoria de un nuevo concurso una vez se disponga del remanente de tesorería para dotar económicamente la partida presupuestaria.

 

La portavoz de Ciudadanos, Araceli de Moya, reconoció la necesidad de pagar el servicio prestado por la empresa, pero consideró que desde el año 2013 se arrastra esta situación, por lo que estimó que “ha habido tiempo suficiente para sacar este servicio a licitación”, por lo que instó al alcalde ha sacar a concurso el contrato de forma urgente.

 

Para la concejala de Cs, aunque entendió la necesidad de dar el servicio público, manifestó su preocupación por el fraccionamiento de los contratos que se recoge en uno de los reparos de Intervención.

 

Desde Compromís, el portavoz adjunto, Josep Lluís Romero, criticó con dureza la gestión del ejecutivo local, asegurando que la adjudicación había tenido lugar “a dedo y de forma ilegal”. Romero cuestionó al alcalde, Rafael Albert, sobre cómo, partiendo de un presupuesto de 70.000 euros, se había alcanzado la cifra de 125.000 euros “en un contrato ilegal”, así como sobre los “méritos” de la empresa adjudicataria para ser elegida para prestar el servicio “a dedo y de forma ilegal”.

 

El concejal de Compromís se manifestó que “tienes que pensar que el contrato se tiene que hacer todos los años” y defendió su labor como oposición de fiscalizar la gestión del gobierno municipal, añadiendo que “no me preocupa que lo hayas hecho –en referencia al pago de facturas extrajudicial-, pero este año la partida está a cero y para sacar a licitación un contrato se necesita presupuesto. Me preocupa que el año que viene lo vuelvas a hacer, por eso tenemos que pedir explicaciones”.

 

La principal preocupación para Compromís son los plazos. Desde la aprobación de la liquidación, el remanente, la modificación de crédito para dotar de presupuesto la partida y la licitación del nuevo contrato, “podemos llegar otra vez al verano sin regularizar la situación”.

 

Fernando Domínguez, portavoz del PSOE, también incidió en el informe técnico que contiene un reparo de legalidad para el pago de estas facturas, instando a realizar de manera inmediata la tramitación adecuada del expediente de contratación para evitar que se repita esta situación, invitando además al ejecutivo local a “ser más rigurosos con la tramitación y que no exista sombra de ilegalidad”, en las contrataciones. Domínguez acusó al equipo de gobierno de sacar la contratación “a última hora” para evitar situaciones como la actual “una contratación que dice Intervención que no es legal”.

 

El alcalde, Rafael Albert, explicó que no se trataba de una contratación a dedo “porque continuó la empresa que prestaba el servicio”, y que se tenía la intención de licitar en tiempo y forma la prestación del servicio, para lo que la partida inicial de 70.000 euros se suplementó mediante una modificación de crédito “para poder sacar a concurso el contrato”. Al finalizar la concesión el 7 de julio de 2017, Albert asegura que se inició “con tiempo suficiente” el proceso de adjudicación, pero que, al no presentar la documentación requerida a la empresa que resultó seleccionada en el proceso, se pasó a la segunda clasificada, que tampoco completó la documentación solicitada, por lo que finalmente el proceso de selección no terminó con la adjudicación del contrato, lo que obliga a abrir una nueva licitación.

 

El ejecutivo local tomó entonces la decisión de seguir prestando el servicio “o se retiraban todos los sanitarios químicos portátiles del municipio”. De ese modo, Albert asumía la responsabilidad de mantener los servicios necesarios para vecinos y visitantes, “no me he saltado a la torera. Prevalece dar los servicios, aunque sea fuera de contrato”, por una situación que consideró que no era culpa del ayuntamiento, al incumplir las dos empresas los requerimientos legales.

 

Rafael Albert señaló que de cara al año próximo el contrato se sacará a licitación después de aprobar la correspondiente modificación de crédito para dotar de fondos la partida, una vez se pueda hacer uso del remanente de tesorería. Esto representa un proceso que surgirá de la liquidación del presupuesto de 2017, para determinar el importe del remanente de tesorería, cumplir los plazos, aprobar la modificación de créditos, pasar la exposición público como si se tratase de los presupuestos, licitar el contrato, adjudicarlo y comenzar la prestación del servicio.

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