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Miércoles, 31 de enero de 2018
Pleno ordinario de enero

El PP de Torreblanca deberá esperar al próximo pleno para tener respuestas a sus preguntas sobre la denuncia contra Peraire

En el Pleno ordinario del mes de enero en Torreblanca también se aprobaron los nuevos requisitos para la plaza de Interventor, la petición de derogación del segundo médico en los bous al carrer y la subida del IPC en el recibo del agua

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El Ayuntamiento de Torreblanca celebró el martes 30 de enero el primer pleno ordinario del 2018, una sesión breve pero intensa en la que se aprobaron los méritos específicos –cursos de formación y perfeccionamiento- que serán tenidos en cuenta a la hora de incluir el puesto de Interventor en el concurso ordinario del ejercicio 2018 para la provisión definitiva de este puesto, que salieron adelante con los votos del equipo de gobierno que forman PSOE (4), Compromís (2) y los dos concejales expulsados de Ciudadanos, mientras que el PP se abstuvo en la votación por coherencia ante la disconformidad con otros requisitos para el acceso a plazas de funcionarios municipales, como el recientemente aprobado requisito del Grau Mitjà de valenciano.

 

Se incluyó en el pleno una moción del Partido Popular en la que solicitaba la derogación de la disposición adicional en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Valenciana, en la que se establece la obligatoriedad de un segundo médico en los espectáculos taurinos de bous al carrer.

 

El portavoz del PP, José Antonio López, criticó que el Consell aprobase esta medida “sin tener en cuenta a las asociaciones taurinas ni a los profesionales del sector”, la cual consideró que hará que los festejos taurinos tiendan a desaparecer en la Comunitat Valenciana, por lo que instaba al Consell “a rectificar una vez más y eliminar el requisito del segundo médico”.

 

La alcaldesa, Josefa Tena, justificó el voto del equipo de gobierno que preside ironizando sobre el hecho de que el PP presentara una moción tipo como la aprobada en la Diputación de Castellón, “cuando antes nos ridiculizaba por presentar este tipo de mociones desde el equipo de gobierno”. Tena explicó que los alcaldes de la provincia mantuvieron el pasado 17 de enero una reunión con José María Ángel, en representación de la Comisión de Festejos Populares, cuyas conclusiones fueron trasladadas al Consell a través de un documento en el que se recogía la necesidad de “abolir sin medias tintas” el requisito del segundo médico.

 

El punto salió adelante por unanimidad de los presentes.

 

También por unanimidad salió adelante la propuesta de aplicación de la actualización automática de tarifas del suministro de agua potable, en aplicación del IPC correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, solicitada por la empresa concesionaria del servicio. El incremento que se aplicará es del 1,7%, habiéndose incrementado el año pasado un 0,7% a instancias de la Generalitat Valenciana, al haber llevado su petición la empresa Facsa al organismo autonómico.

 

Denuncia contra el anterior alcalde

José Antonio López utilizó el punto de ruegos y preguntas para insistir sobre sus reiteradas solicitudes de información respecto a la denuncia por parte del actual equipo de gobierno, presentada ante la Guardia Civil por una factura de 13.000 euros en la que el ejecutivo local que preside Josefa Tena consideró que existían indicios de algún tipo de irregularidad en beneficio de una propiedad perteneciente al anterior alcalde, Juan Manuel Peraire.

 

Transcurrido más de un año del inicio de las diligencias, el portavoz popular preguntó si ha habido algún tipo de notificación por parte de la fiscalía o del juzgado respecto a la situación en la que se encuentra este proceso judicial.

 

López preguntó quién o quienes interpusieron la denuncia en representación del equipo de gobierno y cual fue el motivo de la presentación de la denuncia. El portavoz popular señaló que si la denuncia se basó en el informe de reparo de intervención, el actual gobierno municipal cuenta con 36 informes de reparo de intervención, por importe de más de 250.000 euros, por lo que preguntó al equipo de gobierno si van a poner en conocimiento de la autoridad competente estas 36 facturas con reparo.

 

Por parte del ejecutivo local, la alcaldesa Josefa Tena mantuvo un tira y afloja constante por la extensión de las argumentaciones del portavoz del PP, al que se le insistió sin éxito en reiteradas ocasiones en que formulase las preguntas de manera clara y concisa.

 

El concejal Carlos Albert tomó la palabra para reconocer que él era una de las personas que interpusieron la denuncia, añadiendo que a su llegada al gobierno vieron que se debería de haber realizado una serie de auditorías, “pero preferimos gastar el presupuesto en cosas más importantes”. Del mismo modo, a preguntas de José Antonio López, Albert negó haber recibido algún tipo de notificación de la fiscalía o del juzgado sobre esta denuncia.

 

La alcaldesa de Torreblanca zanjó la cuestión señalando que la respuesta a las preguntas del PP se daría por escrito en el próximo pleno ordinario, aunque quiso matizar que la mayorías de facturas con reparo que ha aprobado –dado que la competencia del pago de facturas que tenía la Junta de Gobierno recae ahora en la alcaldía-, “son por comprar en los comercios del pueblo” y que los reparos obedecen a un interventor muy estricto y al endurecimiento de las leyes durante la presente legislatura.

 

Los ruegos y preguntas finalizaron con una pregunta de José Antonio López al concejal de Deportes, Alberto Bassedas, en la que se le cuestionaba al edil “¿Cómo es posible que se estén prestando servicios en el gimnasio sin contrato?”, a la vista de dos facturas fechadas en 2016 y seis de 2017 que han sido abonadas a una empresa de la que no consta contrato alguno con el consistorio, según señalaba el concejal del PP.

 

La respuesta, también en el próximo pleno ordinario.

 

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