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Tomas Torres
Jueves, 10 de mayo de 2018
Pleno ordinario

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar abre un expediente por incumplimiento del contrato de basuras y limpieza a instancias de las denuncias de Compromís

Se considera una falta muy grave, cuyas sanciones podrían ir desde los 3.000 a los 6.000 euros

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El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha aprobado incoar un expediente de imposición de penalidades a la UTE Fobesa-FCC por los reiterados incumplimientos en el contrato de gestión del servicio público de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos de la que es concesionaria, tal como señalan las distintas denuncias presentadas desde el Grupo Municipal Compromís desde 2014, constatadas mediante el seguimiento realizado por funcionarios municipales.

 

El incumplimiento de obligaciones contractuales supone una falta muy grave, que podría sancionarse con multas de entre 3.000 y 6.000 euros, representando un cambio en la forma jurídica empleada respecto a anteriores expedientes sancionadores abiertos a la empresa, por los que ya habría sido obligada a pagar una penalización de 3.000 euros. Ahora se abre un plazo de audiencia a la UTE para que presente sus alegaciones, antes de que se determine la sanción.

 

En el pleno ordinario celebrado el jueves 10 de mayo se aprobó por unanimidad de los grupos municipales la incoación de este expediente de imposición de penalidades a la concesionaria.

 

La concejala de Si Se Puede Oropesa, Arantxa Martínez, señalaba que a la luz de los informes que constan en el expediente, con 32 incumplimientos documentados, considerando insuficientes las sanciones que se podrían imponer, por lo que solicitó que se endurezcan las penalizaciones en futuros contratos, por ser generalizada la queja sobre la limpieza en el municipio, instando al ejecutivo local a realizar una revisión del contrato de forma consensuada con la empresa concesionaria.

 

Por parte de Ciudadanos, su portavoz Araceli de Moya mostró su satisfacción por la incoación del expediente a instancias “de un partido de la oposición”, pero consideró que era el propio equipo de gobierno quien debería haberlo hecho “no es normal tardar cuatro años”. En añadidura, la portavoz solicitó que el planning de trabajo de la empresa concesionaria se haga público para que los vecinos puedan saber con qué medios y cuando se va a realizar la limpieza en su zona, de modo que se pueda vigilar mejor cualquier anomalía.

 

El portavoz adjunto de Compromís, Josep Lluís Romero, señaló que el inicio de este expediente a instancias de las denuncias de Compromís “demuestra el trabajo de finscalización que hacemos”. El edil afirmó que “se han cogido cuatro escritos, pero he hecho la tira”, destacando que la UTE recibe una importante dotación económica y, a pesar del gasto que representa para las arcas municipales “la gente está descontenta”.

 

Romero manifestó la intención de su grupo de continuar fiscalizando la gestión del gobierno municipal y aseguró que “no se entiende” que se haga un informe dos años después de la primera denuncia y se tarde dos años más en llevarlo a pleno.

 

Fernando Domínguez, portavoz del PSOE, aseguró que es generalizada la queja vecinal sobre el deficitario servicio de limpieza y mostró su extrañeza por la incoación de un expediente por una denuncia de 2014, lo que califico de dejadez por parte del equipo de gobierno “la empresa ha decidido, con vuestra colaboración, seguir incumpliendo”. Para los socialistas la solución pasa por la rescisión del contrato y la gestión directa por el ayuntamiento de este servicio.

 

El alcalde, Rafael Albert, aclaró que a lo largo de estos cuatro últimos años han sido varios los expedientes abiertos contra la UTE Fobesa-FCC, llegando a sancionarlos con 3.000 euros. Ahora, como explicaba el primer edil, los técnicos municipales han estimado más conveniente para los intereses del consistorio ir por la vía del incumplimiento de contrato y abrir un expediente de imposición de penalidades. Con todo, el alcalde reconoció que “hay que llamar a capítulo a la empresa”, para corregir estos incumplimientos.

 

En rueda de prensa, Rafael Albert señalaba que se han tomado en cuenta todos los expedientes abiertos a la empresa concesionaria desde 2014, pero cambiando el marco jurídico por el que se incoa el nuevo procedimiento sancionador. El primer edil reconoció las deficiencias del contrato, “cuando se hizo en verano teníamos 80.000 habitantes y ahora tenemos 150.000”. No obstante, Albert espera poder mejorar el servicio a partir del momento en que el Consorcio Provincial de Residuos de la Zona1 construya el Punto Verde y la Planta de Transferencia previstos en la localidad, “ahora los camiones tienen que ir hasta Benlloch a la planta de transferencia. La reducción en los costes que supondrá esto se pretende destinar a más barrenderos”, independientemente de si se revisa el contrato.

 

El alcalde de Oropesa del Mar concluyó manifestando que “los primeros interesados en que Oropesa esté limpio somos nosotros”, por lo que negó “que no se haya hecho nada”.

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