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Tomas Torres
Lunes, 4 de junio de 2018
Pleno extraordinario

Orpesa aprueba 1.572.100 € para la sentencia del edificio Bernat y abrirá un expediente para determinar responsabilidades

La modificación de crédito salió adelante por unanimidad e incluye 68.000 euros para deporte y 18.500 euros para el Comedor de la Escuela de Verano

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El pleno de Orpesa ha acordado por unanimidad una modificación de crédito con cargo al remanente por importe de 1.658.600 euros, de los cuales 1.572.100 euros se destinarán al pago de la sentencia por el edificio Bernat, 43.000 euros a la promoción y fomento del deporte, 18.500 euros al Comedor escolar de la Escuela de Verano y 25.000 euros a ayudas para el deporte.

 

El Grupo Municipal de Compromís ha presentado una enmienda de adición a la propuesta del equipo de gobierno, en la que solicita la incoación de un expediente para determinar las responsabilidades que se puedan derivar de la concesión de una licencia ilegal presentada por un promotor, informada por un arquitecto y aprobada por unos concejales. La moción salió adelante por unanimidad, por lo que se incorporó al texto de la propuesta con un pequeño inciso a modo de coletilla, propuesto por el PP, en el que se establece que el expediente se iniciará en el momento en que se haga efectivo el pago de la sentencia.

 

Ante la sentencia contra la concesión hace 30 años de una licencia de obras ilegal al edificio Bernat, el fallo del juzgado determinaba el derribo de la edificación, lo que supondría un importante desembolso económico para las arcas municipales, de entre 4 a 6 millones de euros. Las negociaciones mantenidas por el ejecutivo local derivaron en una propuesta de homologación, por la que se legalizaba la edificación a través del pago de una indemnización económica, establecida en 1,5 millones de euros, que fue aceptada por el juez y que ahora se deberá satisfacer.

 

Arantxa Martínez, de Si se puede Oropesa, se mostró favorable a la investigación de responsabilidades, achacando la problemática a la mala praxis de un gobierno en el que había personas que ahora militan en Ciudadanos, destacando la utilidad del resto de partidas vinculadas a la modificación de crédito a debate.

 

Ante el dardo de Martínez, la portavoz de Ciudadanos, Araceli de Moya, defendió el orgullo de que Paco Garrido forme parte de la lista de Ciudadanos, aunque matizando que no tiene cargo alguno en el partido y que tan solo cerró la lista de manera simbólica, argumentando también que el ex alcalde del GIO “hizo muchísimas cosas por este pueblo”.

 

Volviendo al punto, de Moya realizó una extensa explicación de la propuesta y sus antecedentes, argumentando que el coste del derribo que establece la sentencia sería de hasta 6 millones de euros, por lo que optaba como mal menor por el pago del acuerdo de homologación, aplicando un criterio de “practicidad”. La portavoz de Ciudadanos sostuvo en todo momento que la ley ya obliga a iniciar un expediente de oficio en estos casos.

 

El portavoz adjunto de Compromís, Josep Lluís Romero, consideró que es peregrino afirmar que 1,5 millones de euros es poco y afirmó que desde que se conoció la sentencia se tenía que haber iniciado el expediente de responsabilidades y puso como ejemplos los del edificio París o Torre Paquita, en los que no se iniciaron expedientes de responsabilidad, a pesar de contar con licencias mal concedidas, “el único caso es el edificio Portomar, por una enmienda de Compromís”.

 

Romero invitó al equipo de gobierno a ponerlo en ridículo sacando un expediente de responsabilidades que se haya abierto de oficio por una irregularidad urbanística.

 

Fernando Domínguez, portavoz del PSOE, se mostró a favor de la modificación de crédito, señalando las medidas para el fomento del deporte y el comedor escolar, “por un tema de responsabilidad”, ya que a su juicio “solo se nos da a elegir entre pagar 1,5 millones o 6 millones”, por lo que los socialistas señalaban que “les acompañamos en esto para defender los intereses de los oropesinos”. No obstante, Domínguez criticó la tardanza en abrir el expediente, “como mínimo tendría que haber sido en el momento en que la sentencia fue firme”. Por ello instó al equipo de gobierno a gestionar con responsabilidad, ya que con el paso del tiempo se ha dejado prescribir algunas de las cuestiones. Por este motivo el edil socialista pidió al ejecutivo local que “nos pongamos las pilas” en materia urbanística para evitar episodios similares en el futuro.

 

El portavoz del PP, Tomas Fabregat, quiso mostrar su agradecimiento a los servicios jurídicos del ayuntamiento, gracias a cuya labor se ha llegado a este punto. Fabregat explicó que ante la situación que presentaba la sentencia, con el riesgo de tener que asumir indemnizaciones por valor de más de 5 millones de euros, con el riesgo de imagen y económico que ello conllevaría, por lo que se optó por  “la solución menos lesiva, ya que no había alternativa”. Fabregat dio lectura al párrafo de la Ley 92/2015 en la que se establece que las responsabilidades se deberán buscar “cuando hubieran indemnizado a los lesionados”.

 

El concejal de Urbanismo explicaría tras el pleno que con el auto de homologación se dará por ejecutada la sentencia, por lo que se está a un paso de legalizar el edificio definitivamente.

 

El alcalde, Rafael Albert, replicó al PSOE señalando que debían ser ellos quienes se pusieran las pilas, ya que cuando se conoció la sentencia en 1994 hasta 1995 ostentó la cartera de Urbanismo el PSOE, del mismo modo que del 1995 al 2003, “y tampoco hizo nada”. Albert insiste en que “no regalamos nada y siempre hemos velado por el dinero público”, por lo que el cumplimiento de la sentencia es una obligación en la que se ha buscado la menos grave para las arcas municipales.

 

El otro pleno

El debate, como viene siendo habitual en sede municipal oropesina en los últimos tiempos, Si se puede Oropesa, Ciudadanos y Compromís mantuvieron sus acostumbrados intercambios de puyas dialécticas, con PSOE y PP como espectadores de excepción, en los que se derrocha munición argumental que de otro modo recibiría en sus carnes el ejecutivo que preside Rafael Albert, que a buen seguro conceda que ¡ahí me las den todas!.

 

Si se puede Oropesa, Ciudadanos y Compromís suelen protagonizar un pleno paralelo, en el que los intercambios de puyas ya forman parte del lenguaje consistorial. Desde la entrada de Arantxa Martínez al equipo de gobierno, la portavoz de Cs, Araceli de Moya, no ha perdido oportunidad para afearle su pacto ideológicamente incorrecto, que convertía a Ciudadanos en una fuerza innecesaria para el PP, mientras que también se las ha tenido tiesas la cabeza de la lista emanada de Podemos con Josep Lluís Romero, a quien llegó a llevar a los tribunales, aunque sin consecuencias para este.

 

Por otra parte, Ciudadanos y Compromís solo comparten ala en el escaño del salón de plenos, porque la alergia ideológica de la formación naranja respecto a cualquier grupo sospechoso de ser nacionalista aflora al mínimo roce, con la argumentación habitual en los líderes de Ciudadanos.

 

Romero tampoco es un candidato a un premio a la concordia, empeñado en calificar a la edil de Ciudadanos “portavoz del PP”, por su costumbre, heredada del perfil clásico de concejales del GIO, de presentar la argumentación como si fuera la ponente del punto. En este último pleno, el portavoz adjunto de los valencianistas insistió en esa guasa, lo que le valió la réplica de Araceli de Moya, quien manifestó que “si tenemos que votar, tenemos la obligación de explicar porque lo asumimos”. Como Romero consideró ridículo que una concejala de la oposición explique los argumentos, la portavoz de Ciudadanos le espetó que “ridículo tú, pidiendo a los concejales que voten sin hacer preguntas”, acusándolo de preferir “tener en la inopia a la gente y decir luego en la calle lo que quieras”. De Moya le reclamó “te has dedicado más a nosotros que a la propuesta”. La portavoz de Ciudadanos invitó a desistir de buscar votos entre sus seguidores “nadie que nos vote votará a los nacionalistas”, mientras que el adjunto de Compromís espetaba “no tengo ningún interés en los votos de los fachas de Barcelona”.

 

Joyas todas del argumentario del político moderno. Sin duda, somos hijos de nuestro tiempo.

 

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