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Tomas Torres
Miércoles, 6 de junio de 2018

Atrapados entre la negación y la realidad

El PP acusa al equipo de gobierno de Torreblanca de mentir por haber ocultado que recurrieron hasta en tres ocasiones el archivo de la denuncia contra Juan Manuel Peraire

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Expiraba en sus últimos estertores el pleno ordinario de mayo en el Ayuntamiento de Torreblanca, era martes 29 y con el turno de Ruegos y Preguntas se cerraría la sesión sin mayores sobresaltos. El portavoz del PP, José Antonio López, había terminado de formular una pregunta sobre problemáticas relacionadas con el Hogar del Jubilado y la asociación de jubilados y pensionistas de la localidad, la promesa de una respuesta diferida zanjaba la cuestión. Casi como si acabase de recordar algo sin demasiada importancia, López deslizaba una pregunta más al equipo de gobierno, sobre la denuncia contra el anterior alcalde, Juan Manuel Peraire, una cuestión que se ha repetido en los últimos plenos ordinarios con la misma ausencia de respuesta.

 

El portavoz del PP preguntó si sabían algo de la denuncia y de los supuestos recursos presentados, la alcaldesa Josefa Tena negó la mayor, nadie en el ejecutivo local quiso reconocer que supiera detalle alguno del proceso judicial contra Peraire.

 

López pronunció un nombre y unos apellidos, la alcaldesa reconoció que sabía quién era esa persona. Se trataba del abogado designado por el equipo de gobierno de Torreblanca para recurrir el sobreseimiento el pasado 17 de febrero de 2017 de las diligencias previas a raíz de la denuncia firmada conjuntamente por todos los miembros del ejecutivo local. Los rostros demudaron de la indiferencia a una cetrina perplejidad.

 

A pesar de haber negado reiteradamente en diferentes plenos saber nada de la denuncia presentada en su día contra el ex alcalde del PP, el equipo de gobierno de Torreblanca, formado por PSOE, Compromís y dos concejales expulsados de Ciudadanos, había recurrido el sobreseimiento de las diligencias previas del 17 de febrero de 2017 por parte del Juzgado de Instrucción nº 6 de Castellón, que al ser desestimado el 27 de abril de 2017 se volvió a recurrir, esta vez ante la Audiencia Provincial de Castellón, que lo desestimó el 19 de septiembre de 2017.

 

En esta ocasión el portavoz popular no estaba preguntando a ciegas, contaba con la documentación obtenida por el denunciado, Juan Manuel Peraire, como parte interesada en el proceso. La pregunta era una celada dispuesta para que el equipo de gobierno volviera a negar cualquier conocimiento sobre los recursos, para así evidenciar que obligatoriamente debían saber de ellos, puesto que van acompañados por las firmas de los denunciantes, en este caso el ejecutivo local.

 

La respuesta daba pie a José Antonio López para acusar al equipo de gobierno de mentir en el pleno reiteradas veces, ya que hasta en tres ocasiones habían recurrido el archivo de la causa, sobreseída “por no aparecer suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la incoación del presente procedimiento, a la vista de las diligencias practicadas por la Guardia Civil”.

 

Además, la Audiencia Provincial consideraba que la denuncia se realizaba en base a “valoraciones y apreciaciones que carecen de sustento técnico”, obligando al equipo de gobierno al pago de las costas del recurso.

 

¿Qué obtiene el PP con la ocultación de los autos de sobreseimiento y los tres recursos? Munición política. Los populares acaban de recibir dos andanadas en la línea de flotación, la salida de un ex alcalde hacia las filas de Ciudadanos y la sentencia contra Mari Carmen Gual por irregularidades en las pasadas elecciones y el ejecutivo local le ha servido en bandeja una persecución judicial que ha trascendido a lo meramente político, a la vista de la insistencia con la que se intentó revertir la sentencia de archivo de la denuncia. El PP habla de ensañamiento, de persecución política y judicialización de la vida municipal y plantea serias dudas sobre el proceso, preguntando si la denuncia era en nombre de los concejales particularmente o en nombre del Ayuntamiento de Torreblanca, si era en nombre del consistorio, en qué momento se aprobó el decreto de designación de abogado para representarlos, quien pagará los honorarios del abogado y las costas a cuyo pago han sido obligados por un tribunal.

 

Pero principalmente, el PP sonríe como un gato con dos ratones porque ha pillado en un renuncio al equipo de gobierno, negando conocimiento sobre un proceso legal al que estaban presentando reiterados recursos.

 

A botepronto, tan solo Carlos Albert reconoció, una vez destapada la caja de los truenos, que conocía el primer recurso, pero no el resto. A posteriori explicaría a este medio que, ante la sospecha de que se hubiera cometido alguna irregularidad, quisieron ponerlo en conocimiento de las autoridades, recurriendo el primer auto de archivo para que se realizara una investigación en profundidad. Pero niega tener conocimiento de los otros dos recursos presentados y reconoce que la insistencia en recurrir fue una metedura de pata, aunque niega que se trate de ningún intento de acoso judicial ni de venganza hacia el ex alcalde.

 

Rosana Villanueva, primera teniente de alcalde, declinaba hacer valoraciones sobre el auto de archivo y señalaba que ella no era la encargada de este tema en el equipo de gobierno. La alcaldesa, Josefa Tena, no ha respondido por el momento a la solicitud de este medio para expresar su opinión al respecto.

 

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